Una reforma cocinada a espaldas del pueblo, texto da Juventude de Izquierda Revolucionária (não tem equivalência em Portugal; estará uns milimetros à esquerda da Ruptura/FER):
El pasado 15 de agosto, Hugo Chávez presentó en la Asamblea Nacional su anunciada reforma constitucional luego de meses de hermetismo. Una reforma elaborada a espaldas del pueblo que se presenta como un paquete donde se enmiendan 33 artículos, para luego llamar a los trabajadores y al pueblo a votar por el “sí” o por el “no” sin haber participado en su elaboración o discusión.
Hacia un régimen más bonapartista
Es importante destacar que la reforma constitucional tiene como uno de sus ejes el aumento de la concentración de poderes en la figura de Chávez. Si el sistema de gobierno venezolano es presidencialista, con la actual reforma alcanzará un grado mayor de bonapartismo. En la reforma no sólo se prolonga el período presidencial de 6 a 7 años, sino que se define la reelección inmediata continua tantas veces quiera someterse a votación. Recordemos que Chávez ya está en su segundo período presidencial, siendo que cuando hubo relegitimación de poderes ya se había sumado un año más a su primer período presidencial. El sistema plebiscitario le acentúa las características bonapartistas a todo un sistema de gobierno.
En el caso de la “Fuerza Armada Bolivariana”, según la reforma, se arroga la facultad para promover oficiales en todos los grados y jerarquías. Chávez exige ejercer “Suprema Autoridad Jerárquica en todos sus Cuerpos, Componentes y Unidades”. Obsérvese que Chávez no necesita aprobación previa de la Asamblea Nacional para todas sus designaciones. Se concentra así todo el poder militar administrativo en la figura del Presidente, dependiendo todo del visto bueno de Chávez para cualquier ascenso. Habla de “milicia popular”, pero no es más que el cambio de nombre de la ya tradicional Reserva Nacional, que está directamente bajo su comando.
Chávez, en la reforma, también se autoasigna, sin intervención alguna del Parlamento, crear Provincias Federales, Territorios Federales y/o Ciudades Federales, algunas bajo el pomposo nombre de “Comunas”; crea por intervención directa las figuras de más Vicepresidentes que actuarán, con poderes directos del Ejecutivo sin elección popular alguna, en esos nuevos territorios. Esto es lo que da en llamar la “nueva geometría del poder”. Obsérvese que ya el Vicepresidente en Venezuela no es electo en la fórmula del voto universal, y no lo serán tampoco los nuevos Vicepresidentes que actuarán con toda autoridad y rindiendo cuenta únicamente al Presidente. Enfaticemos que Chávez está habilitado para gobernar por decreto por un año más, pudiendo esta facultad ser renovada. ¿Para qué Asamblea Nacional con tantos poderes en la figura presidencial?, se preguntarán muchos. Con la reforma el Ejecutivo tendrá las manos libres bajo un régimen cada vez más bonapartista y podrá regimentar sus políticas sin rendir cuenta ni siquiera a la Asamblea Nacional.
Y por si fuera poco, el Presidente asume el control de todo el tesoro público, pasa a depender directamente del Ejecutivo de hoy en más del Banco Central y de todas las reservas, como así también del ya controlado Fondo de Estabilización Económica, que se suma al control completo que ya tiene de PDVSA.
Del “poder popular”, solamente las palabras
Para poder disfrazar la nueva concentración de poderes, Chávez habla del “Poder Popular” elevado a rango constitucional, de los consejos comunales, etc. Pero esto no se trata más que de una estafa, pues los ya controlados consejos comunales dependerán política y económicamente de la figura presidencial directamente. Si existiera alguna autonomía en algún consejo comunal, estos perderán toda facultad al ser cooptados y dirigidos directamente desde el Estado. Ya hemos visto cómo el gobierno ha intentado encorsetar los sindicatos limitando bajo todas las formas su independencia, con el objetivo de tener maniatado al movimiento obrero. Hoy intenta crear la figura de los “consejos laborales” dentro de las fábricas, extendiendo los tentáculos del Estado vía dichos organismos, como así también en todas las organizaciones barriales populares. Por supuesto, está el bocadillo de la reducción de la jornada laboral a 36 horas, pero que está lejos de transformarse en realidad en un país donde la economía informal se acerca al 50% de la población económicamente activa, e incluso en el sector formal el índice de trabajo precario alcanza niveles elevados.
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¿Qué busca Chávez con la reforma constitucional?
La superación de la crisis del régimen de dominio abierta en febrero de 1989, exige de parte del gobierno denodados esfuerzos para recomponer su orden, luego del proceso de luchas que han tenido lugar en Venezuela. Una vez calmados los ánimos de los sectores de la burguesía ligados al gran capital, parcialmente derrotados en el 2002 y 2003 gracias a la acción protagonizada por los grandes sectores populares y la clase obrera, se prepara ahora un reordenamiento que le dé un cauce al proyecto político del gobierno nacional. De ahí la necesidad de una reforma constitucional desde las alturas del régimen burgués, que pueda facilitar la formación de un bloque social con el empresariado devenido hoy en “nacionalista” y “patriótico”, que junto a la nueva casta política que hoy administra el Estado, lleven la voz cantante.
Pero justamente los sectores mayoritarios que inclinaron la balanza a su favor -e indirectamente del gobierno- son convidados de piedra en la decisión de cuáles son las transformaciones necesarias y quién debe encabezarlas. Esto precisamente no es objeto de discusión de la reforma. Categóricamente decimos que no es otorgando “poderes especiales” al presidente con aderezos del llamado “parlamentarismo de calle”, que pueda avanzarse en la resolución de las demandas fundamentales de los trabajadores y el pueblo. Como planteamos desde la Juventud de Izquierda Revolucionaria, más allá de los intentos de presentar la reforma como una “profundización” de revolución alguna; esta no pone en primer plano las demandas del conjunto de los explotados y oprimidos, por el contrario, significa el avance en el terreno legal de una política que busca evitar que los trabajadores tengan una política propia e independiente del Estado y su “socialismo con empresarios”.
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